Los trabajadores del Centro de Control de Palma, contra la decisión de la ministra de rechazar Son Bonet

Jarro de agua fría de la ministra Raquel Sánchez a los trabajadores del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Palma y a la mayoría de formaciones políticas de Baleares que defendían el traslado de estas instalaciones fuera de Son Sant Joan, concretamente en Son Bonet.

La titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dejó este viernes muy clara la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto al asegurar que la remodelación del centro en su actual ubicación «es la mejor opción por coste y por prestación del servicio».

Sánchez explicó que el planteamiento tanto de ENAIRE como del Ministerio es que la reforma de las instalaciones de Son Sant Joan «es la mejor opción después de analizar las alternativas», rechazando el traslado del Centro de Control a Son Bonet, como reivindican los trabajadores y como reclamaron la mayoría de partidos políticos a través del registro de una proposición no de ley en el Parlament.

«Deslocalizar la instalación en lugar de reformar la actual no tiene demasiada lógica, cuando las tendencias europeas son centralizar los controles», afirmó. Asimismo, la ministra esgrimió que el tema de la inversión, dependiendo de una u otra opción, es «sustancialmente diferente». Según explicó, reformar el actual centro supondrá una inversión de unos 10 millones de euros, mientras que la opción del traslado superaría los 73 millones.

El comité empresa del Centro de Control y de la Torre del aeropuerto de Palma (ENAIRE-Región Balear) considera que las declaraciones de Raquel Sánchez no dan respuesta a las peticiones realizadas por los trabajadores y que están respaldadas por el Parlament balear mediante una PNL registrada el pasado 25 de mayo y firmada por Unidas Podemos, Més, PSIB-PSOE, PP, El Pi, Ciudadanos y Grupo Mixto.

En un comunicado, los representantes de los empleados creen que las explicaciones de la ministra «no están amparadas por el buen gobierno, la transparencia y el interés general». Remarcan que la prestación del servicio de navegación aérea de Baleares es un tema de interés general «que ha sido contestado de forma contradictoria por parte del Gobierno». En este sentido, detallan que desde la Administración insisten en que se dará este servicio desde las Islas aunque luego la ministra habla de decantarse por una opción -la remodelación de las instalaciones en Son Sant Joan- alineada con las tendencias europeas de centralizar los controles.

En este punto, señalan que los controles que se tienden a unificar en Europa son los referentes al espacio aéreo superior, mientras que «la Región Balear es la única en España que sólo gestiona el espacio aéreo inferior». El comité explica que «esto es así desde hace más de 50 años» por su situación geográfica y por la importancia a nivel europeo de los flujos aéreos que genera. «Se debe garantizar la idoneidad de la prestación de este servicio público esencial para Baleares», manifiestan.

Un estudio de viabilidad

Por lo que se refiere al coste de la inversión, los trabajadores desconocen de dónde salen los números que ha aportado la ministra -reformar el actual centro costaría 10 millones y el traslado a Son Bonet más de 73 millones-, ya que, dicen, no se ajustan a la realidad según las informaciones previas de ENAIRE.

Por ello, reivindican de nuevo que una empresa externa e independiente realice un estudio de viabilidad de costes, beneficios, riesgos asociados, idoneidad de la ubicación, valor añadido y coste de oportunidad a corto, medio y largo plazo.

Recuerdan que ya en el año 2000 se detectó la necesidad de trasladar tanto el Centro de Control Aéreo como la Torre de Control a una nueva ubicación debido al desarrollo previsible del aeropuerto y entienden que «ahora es el momento de apostar por la sostenibilidad e invertir en unas instalaciones adecuadas a las necesidades de las islas y con garantía de futuro».

El comité de empresa es consciente de que el tiempo corre en contra «de la «mejor opción para los trabajadores», es decir, reubicar tanto el Centro de Control Aéreo como la Torre de Control en otros terrenos distintos de los actuales e insisten en la carta que enviaron a la ministra el pasado 10 de mayo esgrimiendo todos sus argumentos, de la que no han obtenido respuesta.